La consolidación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos contemporáneos han producido un trascendental cambio en el rol del Poder Judicial, que ha derivado – de manera inevitable – en una ampliación de la esfera decisoria de los jueces. Las demandas sociales del siglo XXI, que se caracterizan por ser complejas, multiculturales y globalizadas, muchas veces exceden la capacidad regulatoria de los parlamentos y los plazos razonables de ejecución
